En su Carta Dominical de este 19 de julio, titulada Un encargo precioso, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha recordado que “prácticamente un 10% de la población española recibió algún tipo de servicio de la Iglesia” a lo largo de 2018, y que su acción educativa “ha colaborado con las arcas del Estado y ha generado un ahorro de más de 3.500 millones de euros a la administración pública“.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española recogía así algunos de los datos más relevantes contenidos en la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España en 2018, presentada a principios del mes de junio, y que cifra en 4,1 millones de personas los destinatarios en ese periodo de la labor asistencial (2,8 millones) y sanitaria (1,3 millones) de instituciones católicas.
“La Iglesia ha recibido del mismo Jesucristo un encargo precioso“, afirma Omella: “Somos portadores de una realidad que nos sobrepasa”, pues, como dice San Pablo, “portamos el misterio de Dios en vasijas de barro”.
“Ya sabemos que somos imperfectos”, añade el purpurado, “que fácilmente tropezamos con la misma piedra, que no siempre somos coherentes con el testimonio que hemos recibido de Jesucristo, pero, a pesar de ello, no perdemos la esperanza ni las ganas de seguir siendo frágiles instrumentos de Dios al servicio de la humanidad“.
Por descubrir “nuestra condición de hijos e hijas amados… cada uno de nosotros somos hermanos”, y por eso “los católicos somos llamados a ser transmisores de esperanza y generadores de cohesión social en el mundo”. Sobre todo en medio de “una pandemia que está provocando una profunda crisis social y económica”.
El cardenal Omella recuerda que la Iglesia, “además de anunciar a Jesucristo e invitar al encuentro personal y comunitario con Él, realiza una gran labor social a pie de calle”. Y así, en la última década, que incluye los efectos de la Gran Recesión de 2008, los centros socio-asistenciales gestionados por la Iglesia han aumentado un 71%.
Ataque a la enseñanza de iniciativa social
Los datos referidos a la Educación tienen especial relevancia en estos momentos, en los que en España el gobierno socialcomunista prepara una nueva ley educativa dirigida directamente contra la enseñanza concertada, cercenando la libertad de creación y de elección de centro: “Uno de cada cuatro alumnos va a un colegio concertado católico. Nuestra acción educativa ha colaborado con las arcas del Estado y ha generado un ahorro de más de 3.500 millones de euros a la administración pública”.
La ofensiva gubernamental contra los centros de iniciativa social no se limita a la futura Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). El ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha decidido excluir a los centros concertados del fondo de 2000 millones de euros en ayudas compensatorias por la crisis del coronavirus, algo que José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, consideró propio de un “sistema dictatorial“.