Por primera vez desde la declaración unilateral de independencia en el Parlament catalán, que sucedió el 27 de octubre, se ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en su discurso solemne de inicio de la Plenaria de los obispos españoles. Le escuchaban los obispos de todo el país, incluyendo los que acudían por primera vez, como los nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Sergi Gordo Rodríguez y Antoni Vadell Ferrer, ordenados el día 9 de septiembre.
Blázquez ha mostrado su apoyo al “restablecimiento del orden constitucional, porque es un bien común.
La normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las
instituciones suponen y exigen el respeto de la ley, que regula nuestra
convivencia”.
También ha dejado caer una frase que parece regañar a los obispos catalanes que han tomado partido público
por los eslóganes independentistas: “El ministerio de los obispos y
presbíteros está al servicio de la comunión eclesial; y, por ello,
también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas”.
El discurso completo se puede leer aquí. Reproducimos a continuación los párrafos sobre la cuestión catalana.
“Participando en las preocupaciones y esperanzas”
»Desde hace algún tiempo el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña nos preocupaba en medida creciente; y nos entristeció la Declaración Unilateral de Independencia del día 27 del pasado mes de octubre. Significaba la ruptura del orden constitucional que los españoles nos hemos dado hace cuarenta años.
»Juzgamos que la Declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia, que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas.
»La Constitución se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas, como
fruto del consenso entre todos. Los españoles en aquellos años pasamos
de la incertidumbre ante el futuro a la satisfacción porque el deseo
ampliamente compartido de reconciliación se había traducido en una
regulación fundamental de nuestra convivencia. La ruptura reciente nos ha entristecido y preocupado,
ya que la Constitución había nacido con la aspiración de configurar
para las generaciones presentes y futuras un marco general de libertad y
respeto en el que cabíamos todos.
»Es comprensible que el paso del tiempo y la vitalidad de la sociedad
fuera mostrando la conveniencia de reformar o añadir aspectos nuevos en
la Constitución para que siempre sea actual, pero ella misma indicaba
los procedimientos para introducir los cambios oportunos.
»La Iglesia, que colaboró eficazmente en la Transición política, aunque
no siempre sea reconocido, desea continuar cumpliendo su misión de
reconciliación y pacificación. El ministerio de los obispos y presbíteros está al servicio de la comunión eclesial; y, por ello, también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas.
»Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, porque es un bien común. La normalización de la vida social
y el correcto funcionamiento de las instituciones suponen y exigen el
respeto de la ley, que regula nuestra convivencia. La normalización
requiere, además, el esfuerzo de todos para que las relaciones
sociales, eclesiales y familiares afectadas negativamente por estos
hechos sean renovadas por el respeto a la libertad de todos, la mutua confianza y la concordia serena.
»La Iglesia por su misma naturaleza puede contribuir a la pacificación
personal y social, acentuando particularmente la solidaridad entre todos
y la atención a los pobres. Como suele decir el Papa deseamos destruir muros y tender puentes.
»El presidente Adolfo Suárez pidió que se pusiera como epitafio en su sepulcro: “La concordia fue posible”.
Estamos convencidos de que también hoy es posible la convivencia en la
diversidad. Como entonces el diálogo de los ciudadanos y en las
instituciones será un impulso renovado para continuar construyendo una
sociedad en paz, en libertad y en justicia.
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Los obispos y el procés
El discurso del cardenal Blázquez es la última aportación de la
jerarquía católica a la reflexión sobre el procés independentista y su
culminación en octubre. Unas horas después de que el Parlament catalán
declarara la República catalana independiente el pasado 27 de octubre,
el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, aseguró que ama
“profundamente” Catalunya así como España y Europa y pidió “evitar la confrontación”.
Poco antes del referéndum del 1-O, Blázquez publicó una declaración aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente (léala aquí) en la que pedía“diálogo generoso y honesto”, respeto a la Constitución y evitar “situaciones irreversibles”.
Aquella declaración generó quejas en el Partido Popular, con voces muy
críticas como la del activista gay Javier Maroto, de la ejecutiva del
Partido Popular.
Omella y los “muertos” de Marta Rovira
Omella y Osoro se entrevistaron con Rajoy la semana después del
referéndum y al día siguiente Junqueras visitó el arzobispado de
Barcelona.
Marta Rovira, la número 2 de ERC y candidata en estas elecciones, acusó
al Estado de amenazar con muertos en la calle. El cardenal Omella en una
nota desmintió que ese escenario estuviera sobre la mesa en su conato
de mediación. Omella pidió seny (sensatez) en la misa de la Mercé, a unos días del 1-O, ante Enric Millo y Carles Puigdemont.
En Cataluña hubo hace unas semanas manifiestos en favor del referéndum de independencia del 1 de octubre que rubricaron más de 400 religiosos,
y se pidió por carta al Papa que interviniera, hecho que levantó
ampollas en el Gobierno de Rajoy y provocó una queja al Vaticano, que de
forma oficial no se ha pronunciado de forma oficial sobre la cuestión
catalana, aunque desde el Ejecutivo del Gobierno atribuyan al secretario
de Estado, Pietro Parolin, una postura favorable a la unidad de España y
al Gobierno en todo este entuerto.
Fuentes de la Embajada de España ante la Santa Sede aseguraron que el
Papa Francisco defendió la legalidad ante el nuevo embajador, Gerardo
Bugallo a principios de octubre.
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