Desde la Tribuna del Congreso de los Diputados y en el día que se aprobó la Ley contra violencia a la infancia, la nueva ministra de Podemos, Ione Belarra, dijo que “la Iglesia Católica, demasiadas veces ha sido cómplice en nuestro país encubriendo la violencia sexual hacia los niños y esto tiene que terminar”.
La ministra de Derechos Sociales que recientemente ha sustituido a Pablo Iglesias lanzaba esta dura acusación y centralizaba sus acusaciones en la Iglesia cuando minuciosos estudios sobre menores abusados durante la última década en España ponen de manifiesto que sólo el 0,2% de los abusadores fueron sacerdotes mientras que la mitad de los casos se habían producido en el ámbito familiar.
Sin embargo, las acusaciones de Ione Belarra no han quedado sin respuesta por parte de los obispos. No es frecuente que la Conferencia Episcopal emita un comunicado para contestar las críticas que recibe pero dada la gravedad de las acusaciones y el hecho de que provengan de un ministro del Reino de España ha provocado una rápida réplica.
“Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad”, recuerdan los obispos.
Citando igualmente el informe realizado por la Fundación ANAR sobre el abuso sexual a menores de edad en España entre enero de 2008 y mayo de 2019, el comunicado recuerda que los datos que arroja ponen “en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección”.
De este modo, la Conferencia Episcopal Española recuerda a la ministra podemita el trabajo realizado para erradicar estos gravísimos casos de abusos. “La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española”, le explican los obispos.
Por ello, el comunicado añade que “desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas”.
El “rancio anticlericalismo” de la ministra
Del mismo modo, los obispos insisten en que “la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano”.
Para este fin –recalca el comunicado- “trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación”.
“Queremos finalmente renovar el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante y agradecer el trabajo de todos los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro mejor”, concluyen los obispos españoles.